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miércoles, 4 de enero de 2017

Tabla de Retención en la Fuente de Renta 2017




CONCEPTO
BASE UVT
BASE PESOS
TARIFA
Enajenación de activos fijos donde el vendedor sea una persona natural no agente de retención (Art. 368-2, 398 y 399 Estatuto Tributario)
No aplica
100%
1%
Adquisición de Bienes Raíces para uso diferente a vivienda de habitación (cuando el vendedor sea una persona jurídica, sociedad de hecho o persona natural considerado agente de retención en la fuente del 368-2 del Estatuto Tributario) (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
>= 27
>= $ 860.000
2,50%
Adquisición de Bienes Raíces para vivienda de habitación por las primeras 20.000 UVT (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
Hasta 20.000
Hasta $ 595.060.000
1%
Adquisición de Bienes Raíces para vivienda de habitación sobre el exceso de las primeras 20.000 UVT (Las primeras 20.000 UVT estarán sujetas a tarifa del 1%) (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
+ de 20.000
Desde $ 595.060.001
2,50%
Adquisición de vehículos (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
1%
Arrendamiento de bienes muebles (Art. 12, Decreto 2026 de 1983 y Art. 2, Decreto 1626 de 2001)
No aplica
100%
4%
Arrendamiento de bienes raíces para obligados a declarar renta (Art. 401 del Estatuto Tributario; Art. 5, Decreto 1512 de 1985 y Art. 6, Decreto 1020 de 2014)
>= 27
>= $ 860.000
3,50%
Arrendamiento de bienes raíces para no obligados a declarar (Art. 401 del Estatuto Tributario; Art. 5, Decreto 1512 de 1985 y Art. 1, Decreto 2418 de 2013)
>= 27
>= $ 860.000
3,50%
Comisiones en el sector financiero (Art. 6, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
11%
Comisiones en operaciones realizadas en bolsa de valores (Art. 6, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
3%
Compra de café pergamino o cereza (Art. 1, Decreto 1479 de 1996)
> 160
> $ 5.097.000
0,50%
Compra de productos  agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial (Art. 1, Decreto 2595 de 1993)
> 92
> $ 2.931.000
1,50%
Compra  de combustible y derivados del petróleo (Art. 2, Decreto 3715 de 1986)
No aplica
100%
0,10%
Consultoría en obras públicas (Art. 5, Decreto 1354 de 1987)
No aplica
100%
2%
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de declarantes de renta (Art. 1, Decreto Reglamentario 1140 de 2010)
No aplica
100%
6%
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales o de consorcios y uniones temporales cuyos miembros sean personas naturales (Art. 1, Decreto Reglamentario 1140 de 2010)
No aplica
100%
6% / 10%
Contratos de construcción  y urbanización (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
2%
Diseño de páginas web y consultoría en programas de informática a declarantes de renta (Art. 1, Decreto 2499 de 2012 y Art. 1, Decreto 260 de 2001)
No aplica
100%
3,50%
Exportación de Hidrocarburos (Art. 7, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
1,50%
Exportación de demás productor mineros, incluido el oro (Art. 7, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
1%
Honorarios y comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona natural dependiendo de las condiciones fijadas por el Art. 1 del Decreto Reglamentario 260 de 2001)
No aplica
100%
10% / 11%
Honorarios y comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada) (Art. 1, Decreto 260 de 2001)
No aplica
100%
11%
Ingresos provenientes de operaciones realizadas a través de instrumentos financieros y derivados (Art. 1, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
2,50%
Intereses originados en operaciones activas de crédito u operaciones de mutuo comercial (Art. 5, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
2,50%
Loterías, Rifas, Apuestas y similares (Art. 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario)
> 48
> $ 1.529.000
20%
Otros ingresos tributarios para obligados a declarar renta (Incluye el concepto “Compras”)(Art. 401 del Estatuto Tributario y Art. 1, Decreto 2418 de 2013)
>= 27
>= $ 860.000
2,50%
Otros ingresos tributarios para no obligados a declarar renta (Incluye el concepto “Compras”) (Art. 401 del Estatuto Tributario)
>= 27
>= $ 860.000
3,50%
Pago al exterior por arrendamiento de maquinaria para construcción, reparación y mantenimiento de obras civiles (Art. 414 del Estatuto Tributario)
No aplica
100%
2%
Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales obligadas a declarar renta. (Art. 2, Decreto 886 de 2006)
>= 27
>= $ 860.000
4%
Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales no obligadas a declarar renta. (Art. 2, Decreto 886 de 2006)
>= 27
>= $ 860.000
3,50%
Rendimientos Financieros Provenientes de títulos de renta fija (Decreto 700 de 1997) (Art. 3, Decreto 2418 de 2013)
No aplica
100%
4%
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar (Art. 401-1 del Estatuto Tributario)
> 5
> $ 159.000
3%
Salarios: Los pagos mensuales o mensualizados (PM) efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados (Decreto 099 y  1070 de 2013). Opera a partir del 1 de Abril de 2013. (Encuentre aquí mayor información sobre Tarifa mínima)
>= 128,96 (Ver Art.384 del Estatuto Tributario)
>= $ 4.109.000   (Ver Art.384 del Estatuto Tributario)
No aplica
Salarios: Aplicable a los pagos gravables, efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral o legal y reglamentaria.
>95
> $ 3.027.000
Art.383 del Estatuto Tributario
Salarios: Indemnizaciones derivadas de una relación laboral, legal o reglamentaria superiores a 20.000 UVT (Art. 401-3 del Estatuto Tributario)
N/A
100%
20%
Servicios de aseo y vigilancia (la base será el 100% del A.I.U. siempre que sea mayor o igual a 4 UVT) (Art. 1, Decreto 3770 de 2005)
>= 4
>= $ 127.000
2%
Servicios de hoteles, restaurantes y hospedajes para obligados a declarar renta (Art. 6, Decreto 1020 de 2014)
>= 4
>= $ 127.000
3,50%
Servicios de transporte nacional de carga (Art. 14, Decreto 1189 de 1988)
>= 4
>= $ 127.000
1%
Servicios de  transporte nacional de pasajeros para obligados a declarar renta (terrestre) (Art. 6, Decreto 1020 de 2014)
>= 27
>= $ 860.000
3,50%
Servicios en general para personas jurídicas, asimiladas y personas naturales obligadas a declarar renta (Art. 392 del Estatuto Tributario y Art. 1, Decreto 3110 de 2004)
>= 4
>= $ 127.000
4%
Servicios en general para personas naturales no obligadas a declarar renta (Art. 392 del Estatuto Tributario y Art. 45, Ley 633 de 2000)
>= 4
>= $ 127.000
6%
Servicios  temporales de empleo (la base será el 100% del A.I.U. siempre que sea mayor o igual a 4 UVT) (Art. 2, Decreto 1626 de 2001)
>= 4
>= $ 127.000
1%
Servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos en favor de personas obligadas a declarar renta (Art. 1, Decreto Reglamentario 1140 de 2010)
No aplica
100%
6%



NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 2017


Nómina y Prestaciones sociales 2017



 SALARIOS:


SALARIOS
VALOR
DEFINICION
Salario mínimo año 2017. Art 145 CST.
$737.717
Jornada Ordinaria 48 horas semanales, 8 horas diarias. Ley 50 de 1990, Art.20
SALARIO MINIMO DIA
$24.590,57
Jornada Ordinaria Día 8 horas
SALARIO MINIMO HORA ORDINARIA
$3.073.82
Jornada ordinaria 6 a.m. a 10 p.m. Ley 789 de 2002, Art. 25
SALARIO MINIMO HORA NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24
$4.149.,65
Jornada Nocturna 10p.m a 6 a.m. Valor Hora Ordinaria+35% de recargo


                                             
     AUXILIO DE TRANSPORTE:


AUXILIO
VALOR
DEFINICION
MES
$83.140
Se paga a quienes devenguen hasta $1.475.434 (2 salarios mínimos mes)
DIA
$2.771,33
.

                                  

              HORAS EXTRAS:



HORAS EXTRAS
VALOR
DEFINICION
ORDINARIA Ley 50 de 1990 Art.24
$3.842.27
Valor Hora Ordinaria+25% de recargo
NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24
$5.379,18
Valor hora ordinaria+75% de recargo
DOMINICAL Y FESTIVO ORDINARIA
$6.147,64
Valor hora ordinaria+75% por festivo+25% recargo diurno
DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNA
$7.684,55
Valor hora ordinaria+75% por festivo+75% recargo nocturno

                               

 DOMINICALES:



DOMINICAL Y FESTIVO
VALOR
DEFINICION
ORDINARIA
$5.379,18
Si se trabaja Hora básica+75% de recargo
NOCTURNA
$6.455,02
Hora básica+75% recargo festivo 35% recargo nocturno

   
                                                  
VACACIONES:


DESCANSO
VALOR
DEFINICION
Vacaciones
Art.186 C.S.T.
Provisión mensual
$30.738,20
15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicios

              
       
      PRESTACIONES  A cargo del Empleador:



PRESTACIONES
VALOR
DEFINICION
CESANTIAS Articulo 249 C.S.T
Provisión Mensual $68.404,75
Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año
Intereses de CESANTIAS
Ley 52 de 1975
Provisión Mensual $8.208.57
Intereses legales del 12% anual sobre el valor de la cesantía acumulada al 31 de diciembre de cada año
Art. 306 C.S.T
Provisión Mensual $68.404,75
Un mes de salario pagaderos por semestre calendario así:15 días el último día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año
DOTACION
Un par de zapatos y un vestido de labor Entregas así: 30 de abril, 31 de agosto,20 de diciembre
Se entrega a quienes devenguen hasta $1.475.434 (2 salarios mínimos mensuales).Con más de 3 meses de servicio.

            

jueves, 22 de octubre de 2015

¿LOS REPORTES EN DATACREDITO PRESCRIBEN? ¿CUANTO TIEMPO DURA MI REPORTE EN DATACREDITO?

Bajo ningún argumento, una deuda puede estar reportada en una central de riesgo financiero por más de 10 años. Algunas casas de cobranza están cediendo entre sí las carteras, pretendiendo burlar el límite impuesto por la Corte Constitucional.
La Ley 1266 del 2008 o también conocida como Ley de Habeas Data, ha establecido los parámetros para que los acreedores puedan reportar negativamente a las centrales de riesgo a sus clientes morosos.

De igual manera ha determinado el tiempo máximo de permanencia, una vez se ha reportado negativamente y el deudor cancela la obligación.

Pero qué pasa si el deudor nunca paga, ¿puede estar reportado por tiempo indefinido?

La Ley de Habeas Data no se pronuncia sobre el particular cuestionado, mas la Corte Constitucional sí puso un límite al establecer una protección al buen nombre y al debido proceso, vía jurisprudencia con efectos “erga omnes” (aplica para todos los casos), entre las que se puede resaltar la Sentencia T-164 del 2010.

“la Corte Constitucional, sin pretender una apología al no pago, ha definido que en Colombia no pueden existir obligaciones perpetuas, todas prescriben”
En resumen, la Corte Constitucional, sin pretender una apología al no pago, ha definido que en Colombia no pueden existir obligaciones perpetuas, todas prescriben, y si bien las centrales de riesgo no se reconocen como casas de cobranzas, el hacer publicación de una lista de morosos ejerce de forma indirecta la labor de cobro público, pues todos los agentes del mercado al hacer una revisión de la lista, se abstienen de tener relaciones comerciales con quienes están reportados negativamente.

Por ello, la Corte Constitucional ha establecido, que nadie puede estar reportado negativamente por un término superior a 10 años así no se haya cancelado la obligación, pues de lo contrario, estaríamos hablando de deudas imprescriptibles, prohibidas por la Constitución Nacional.

La decisión de la Corte Constitucional: ¿cómo aplica para la prescripción ordinaria y extraordinaria?

Pasado un período de 10 años desde que se ejecutó la exigibilidad de la obligación, no se puede reportar, ni mantenerse reportado a un deudor moroso en una central de riesgo, en consideración de que la obligación ya estaría prescrita ordinaria y extraordinariamente, tal como en extensos fallos la Corte Constitucional ha establecido reglas para la protección al Buen Nombre y el Hábeas Data, lo que denominó el Derecho al Olvido.

Maniobras de algunos acreedores o casas de cobranza

Algunas casas de cobranza están queriendo evadir el límite de los 10 años de reporte negativo, al cederse entre sí la obligación y pretender que el último tenedor del título o cartera, hace el respectivo reporte negativo.

Veamos la indebida maniobra con un ejemplo:

Pedro Pérez adquiere una obligación con un banco en el año 2000, la cual entró en mora y se hizo exigible su pago en el año 2003.
Pedro Pérez nunca pagó; según la regla de la Corte Constitucional, solo pudo estar reportado negativamente hasta el año 2013 (10 años).

El banco en el año 2014 cedió la cartera u obligación de Pedro Pérez a la casa de cobranza N-Z; dicha entidad hizo el reporte a la Central de Riesgo en el año 2014, al momento de gestionar la reclamación por prescripción, la casa de cobranza argumenta que solo reportaron desde el 2013, por lo que al momento del reporte (2014), únicamente lleva 1 año.

Sumado a lo anterior, en el 2015, la casa de cobranzas N-Z, cede la obligación de Pedro Pérez a otra casa de cobranza N-Y y esta hace el reporte bajo el mismo argumento.

En el ejemplo anterior, la obligación es una sola; la que se adquirió con el banco en el año 2000 y entró en mora en el año 2003, con independencia del número de acreedores que se hayan apropiado de la deuda por medio de la figura de cesión de cartera, pues los términos de prescripción y de reporte, no se calculan desde que la recibe el último acreedor, sino desde el momento en que verdaderamente se generó la mora, para efectos del ejemplo, desde el año 2003 y, por ende, desde el año 2013, no podía estar reportada negativamente por ningún acreedor ante las Centrales de Riesgo.

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Acción de Tutela cómo mecanismo de protección

Veamos unos apartes de las sentencias de la Corte Constitucional:

En las Sentencia de Unificación Jurisprudencial, las sentencias SU-082 de 1995 y la SU-089 de 1995, expresan:

“… por cuanto el término no puede ser el mismo, para aquel deudor que cancela, en relación con aquel deudor que no ha cancelado, esta corporación, ante la evidencia del vacío legal ya mencionado, el juez debe llenarlo acudiendo al razonamiento analógico, que enseña que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición; en este caso, la regla general de la prescripción de la acción ordinaria civil debe señalar que el término de almacenamiento de datos de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones financieras será de diez (10) años; término similar al establecido por el Código Civil 158 para la prescripción de la Acción Ordinaria. || Ahora bien, este término comenzará a correr desde el momento en que la obligación sea exigible. En otras palabras, una obligación “pura y simple” será exigible cuando para su cumplimiento no es necesario aguardar el transcurso del tiempo o el acaecimiento de determinada circunstancia. …” .

En la Sentencia de Tutela T-414 de 1992 dice: “… la libertad individual del titular de los datos recolectados, procesados o transferidos abarca el fuero interno – ámbito espiritual y psicológico – de la persona. La utilización de datos personales es permitida mientras no se vulneren los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre. Los términos de prescripción de las acciones cambiarias y ordinarias son, entre otros, límites jurídicos al derecho a informar y recibir información. La razonabilidad de la limitación al derecho a informar y recibir información sistematizada radica en que solo durante el término prudencial para hacer uso de las vías judiciales se justifica el ejercicio del control social que eventualmente un particular ejerce respecto de otro, lo cual se asimila a una forma de “justicia privada”. || Cuando ya no es posible obtener el cumplimiento de una obligación jurídica por las vías institucionales tampoco es admisible que el ordenamiento jurídico ampare la vigencia de una sanción moral – muerte civil como la denomina el accionante – con incidencia indefinida sobre la imagen y la honra de una persona. …” .

Como se observa en el fallo citado, al no proceder el cobro por las vías judiciales, tampoco procede por la vía de la justicia privada, como sería la sanción social que implica un reporte en Centrales de Riesgo Financiero.

Asimismo es importante recordar, que con la expedición de la Ley 1266 del 2008 o Ley de Hábeas Data, toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, mantiene vigencia en la interpretación y defensa de los Derechos al Buen Nombre y al Hábeas Data, según se interpreta en la Sentencia C – 1011 del 2008, sentencia que declara exequible la Ley de Hábeas Data y que mantiene vigente la jurisprudencia emitida sobre estos temas.

De otra parte y regresando al aspecto de la vigencia y prescripción de la obligación tanto para su cobro por vías judiciales, como por las vías sociales como sería esto último con los reportes a Centrales de Riesgo, otras sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular expresan lo siguiente:

En las Sentencias T-412 y la T-486 de 1992, la Corte Constitucional defiende el Buen Nombre y el Hábeas Data, al ordenar a las centrales de riesgo al igual que al generador del dato (Entidades Financieras) a eliminar de inmediato el reporte negativo de unos ciudadanos cuyas obligaciones estaban prescritas judicialmente, por lo que no pueden estar en las centrales de riesgo reportadas negativamente.

En la Sentencia T-414 de 1992, la Corte Constitucional analizó la situación de un ciudadano quien, a pesar de haber obtenido sentencia judicial que declaraba la prescripción de la obligación, continuaba reportado negativamente en la central de información crediticia, pues según la comunicación de la referencia, han pasado más de 10 años y solo hasta ahora se pretende cobrar socialmente y no jurídicamente, con el reporte a centrales de riesgo.

Igualmente y en sentencias más recientes, la Corte constitucional insiste como se observa en su fallo de tutela T-487 del 2004 donde repite: “…  el término de caducidad del dato no puede ser el mismo, para aquel deudor que cancela, en relación con aquel deudor que no ha cancelado, y ante la evidencia del vacío legal mencionado, el juez debe llenarlo acudiendo al razonamiento analógico, que enseña que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, en este caso, la regla general de la prescripción de la acción ordinaria civil y debe señalar que el término de almacenamiento de datos de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones financieras será de diez años término similar al establecido por el Código Civil para la prescripción de la acción ordinaria.” (Por cambios en el Código Civil, 10 años ya son extraordinarios, no ordinarios).

Por su parte la Sentencia T-164 del 2010, el juez indica:

“…Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, el término de caducidad del dato financiero negativo, tratándose de la extinción de la obligación por cualquier modo diferente al pago (incluyendo la prescripción liberatoria), es de cuatro años, contados a partir del momento de ocurrencia del fenómeno extintivo. En consecuencia, no se vulnera el derecho fundamental al hábeas data cuando una entidad se abstiene de eliminar el reporte negativo que pesa sobre una persona por el incumplimiento de una obligación civil que permanece insoluta, respecto de la cual ha transcurrido un término menor de 10 años desde la fecha de su exigibilidad”.

Finalmente, se debe tener en cuenta que no es necesario iniciar un proceso judicial para que se considere prescrita si ya pasaron los 10 años en que se hizo exigible la obligación, si el acreedor se niega o la central de riesgo tampoco retira el reporte negativo, procede inmediatamente la Acción de Tutela en contra de las dos entidades, para que un juez de la República en el término de 10 días dé su orden a través de una sentencia.


jueves, 27 de septiembre de 2012

MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA


En ______ (ciudad), a __________________ (fecha) 
REUNIDOS 
De una parte, _________________________________ (nombre y apellidos) 
Y de la otra, __________________________________ (nombre y apellidos) 
INTERVIENEN 
Cada uno en su propio nombre y derecho,  y se reconocen mutuamente capacidad 
suficiente para el otorgamiento del presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 
EXPONEN 
I)- Don _____________________, con D.N.I. número ____________ , denominado en 
lo sucesivo y a efectos del contrato  de arrendamiento ARRENDADOR, que es 
propietario de pleno dominio de la vivienda sita en __________ (dirección vivienda 
objeto del contrato). 
II)- Don _____________________, con D.N.I. número _____________, denominado 
en lo sucesivo y a efectos del presente contrato ARRENDATARIO, que está interesado 
en alquilar la mencionada finca, para lo cual, ambos acuerdan formalizar el contrato que 
se articula en las siguientes cláusulas: 
CLAUSULAS 
PRIMERA.- El presente contrato se otorga confome a lo establecido en la ley 29/1994, 
de 24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos y se regirá por lo dispuesto en la 
misma, y por lo pactado en este documento. 
SEGUNDA.- El piso objeto del presente contrato es la vivienda sita en 
_____________, y que se destinará para uso exclusivo de vivienda del arrendatario y de 
su familia, con exclusión de todo otro uso, y no podrá por consiguiente, cederlo, 
realquilarlo o subarrendarlo, en todo ni en parte, ni alojar en él a huéspedes sin permiso 
escrito del propietario. TERCERA.- El contrato comenzará a regir a partir del día __________, concertándose 
el arrendamiento por el plazo de UN AÑO. 
Concluido el período contractual pactado, el contrato se prorrogará  por la tácita, por 
períodos de un año, mientras una de las partes no notifique a la otra, en el plazo de 15 
días antes de la fecha de vencimiento del contrato o de alguna de sus eventuales 
prórrogas, su deseo de darlo por terminado. 
En cualquier caso, si el arrendatario quisiera desistir del cumplimiento total del contrato, 
deberá de indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a 1 mensualidad de la 
renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo 
inferior a un año, darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. 
CUARTA.- La renta inicial se establece en la cantidad de ____________ mensuales, 
debiendo de satisfacerse por el arrendatario dentro de los __ (indicar número) primeros 
días de cada mes. 
El importe de la renta deberá pagarse en el domicilio del arrendador o en la Cuenta 
Corriente núm. _______________ (indicar los 20 dígitos de la cuenta). 
Las partes contratantes convienen que el importe total de la renta que en cada momento 
satisfaga el arrendatario durante la vigencia del contrato y en sus posibles prórrogas, se 
acomodará cada año a las variaciones que, en más o menos, sufra el Indice General de 
Precios al Consumo que fije el Instituto Nacional de Estadística ( u organismo que le 
sustituya en el futuro), aplicando sobre aquella renta el porcentaje que represente la 
diferencia existente entre los índices que correspondan al período de revisión, teniendo 
en cuenta que el mes de referencia para la primera actualización será el último índice 
que esté publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas el que 
corresponda al último publicado. 
Las revisiones tendrán carácter acumulativo, de forma que la primera revisión se 
efectuará tomando como base la primera renta inicialmente convenida y, para las 
sucesivas, la renta revalorizada (renta  + incrementos), como consecuencia de 
actualizaciones precedentes. 
En ningún caso la demora, retraso o tardanza en la aplicación de dicha acomodación 
implicará pérdida, renuncia o abdicación  del derecho del arrendador a practicar la 
misma. 
Así, las partes convienen que tendrá plena eficacia vinculante  la notificación que 
practique el arrendador o su administrador  por nota en el recibo de la mensualidad 
precedente a aquel en que la revalorización de renta haya de surtir efecto. 
QUINTA.- El arrendatario, quién previamente ha procedido al examen exhaustivo del 
piso y sus accesorios, declara recibir todo lo que es objeto del arriendo en perfecto 
estado para el uso a que se destina, y en igual estado ha de devolverlo una vez finalizado 
el contrato, siendo de cuenta de él mismo todas las reparaciones que hayan de realizarse 
por daños causados por él, o personas que del mismo dependan, en el edificio o 
vivienda como consecuencia de mal uso, omisión o negligencia. Serán así mismo por 
cuenta del arrendatario las reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la 
vivienda. 
Los servicios de gas, electricidad, teléfono y cualesquiera otros que pudieran ser 
susceptibles de individualización mediante contadores serán también por cuenta del 
arrendatario, que deberá contratarlos por su cuenta con las empresas suministradoras. SEXTA.- Los gastos de comunidad, y todos los  que se refieran a la propiedad de la 
vivienda como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, serán por cuenta del arrendador. 
El arrendatario deberá respetar y cumplir en todo momento las normas por las que se 
rige la comunidad de propietarios de la que forma parte el piso arrendado. 
El arrendatario se obliga a permitir el acceso al piso al propietario y a las personas y/o 
profesionales designados por el mismo para la inspección y comprobación del estado de 
la vivienda y sus elementos, así como para la realización de cualquier tipo de obra o 
reparación que pudiera ser necesario llevar a cabo tanto en la vivienda arrendada como 
en el edificio del que forma parte. 
SÉPTIMA.- Salvo que el arrendador lo autorice previamente y por escrito, queda 
prohibida la realización de obras y la modificación de las instalaciones; tener en el piso 
materiales peligrosos y/o antihigiénicos o que puedan perturbar la normal convivencia 
entre vecinos; el subarriendo o la cesión de la vivienda; la colocación de cualquiera 
elementos que modifiquen la uniformidad o la estética del edificio y dar a la vivienda 
cualquier otro uso que no sea el de servir como vivienda habitual al arrendatario. 
El arrendatario será el único responsable de cuantos daños,  tanto físicos como 
materiales puedan ocasionarse a terceros, como consecuencia, directa y indirecta de su 
habitabilidad en la vivienda, eximiendo de toda responsabilidad al propietario, incluso 
por daños derivados de instalaciones para servicios o suministros. 
OCTAVA.-  Por el arrendatario se constituye  en este acto FIANZA por importe de 
__________ que equivale a 1 mensualidad de renta, que responderá del pago del 
alquiler, de los perjuicios por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de los 
daños originados en el inmueble.
Durante el primer año de duración del  contrato, la fianza no estará sujeta a 
actualización, pero transcurrido dicho plazo, se actualizará en la cuantía que 
corresponda hasta que aquella sea igual a una mensualidad de la renta vigente en cada 
momento. 
NOVENA.-  El arrendatario hace expresa y formal renuncia a todos los beneficios y 
derechos especiales que le concede la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, y que 
teniendo el carácter de renunciables, no se le reconozcan expresamente en el presente
contrato. 
DÉCIMA.- Las partes convienen que de producirse el fallecimiento del arrendatario 
una vez transcurridos dos años más tres años de prórroga, no será de aplicación el 
régimen de subrogación mortis causa que regula el Art. 16 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. De producirse dicha defunción en el plazo citado, el arrendamiento se 
extinguirá al cumplirse dicho plazo sea quien fuera el que hubiera sucedido al 
arrendatario en el arrendamiento. 
A efectos del Art.14 de la vigente ley de Arrendamientos Urbanos y a cuantos otros 
pudieran resultar pertinentes, las partes convienen que la enajenación de la vivienda 
extinguirá el arrendamiento. 
 Fdo.: EL ARRENDADOR                                         Fdo.: EL ARRENDATARIO